El portavoz de la APM, José Manuel Suárez, dijo a Servimedia que tanto los jueces a título particular como los tribunales pueden plantear estos recursos, alegando que la Carta Magna se refiere "expresamente" al matrimonio como a la unión de hombres y mujeres.

Explicó que esta actuación legal "llevaría consigo la paralización del expediente hasta que el Constitucional decidiera", lo que implicaría que los magistrados del Alto Tribunal se pronunciaran sobre el fondo de la ley aprobada la pasada semana por el Congreso.

Suárez hizo estas consideraciones en relación con la petición realizada por el Vaticano a los funcionarios públicos para que no oficien bodas entre personas del mismo sexo, algo que el Gobierno ha rechazo alegando que jueces y empleados municipales están obligados a aplicar la ley.

En este sentido, el portavoz de la APM se refirió a que es cierto que la objeción de conciencia no existe en este caso y los funcionarios implicados deben casar a las personas del mismo sexo. Añadió que las excepciones son que los jueces recurran al Constitucional o, por lo que se refiere al resto de empleados públicos, que pidan la excedencia.

Remarcó que "los jueces y funcionarios encargados de la tramitación y celebración de expedientes de matrimonio tienen que atenerse a lo que establece la ley", por lo que "no tienen la posibilidad de hacer más objeción de conciencia que la de pedir la excedencia y dejar de ser jueces o funcionarios encargados del tema".

Este representante de la APM concluyó que el asunto es distinto al de los médicos y la práctica de abortos, ya que en este caso la ley si contempla que un facultativo esgrima razones de conciencia para no interrumpir un embarazo.