Rodríguez Arribas manifestó que dicho retraso es una prueba más del fracaso del sistema de elección de vocales del CGPJ, por lo que habría que restaurar el procedimiento anterior, en el que una parte de los miembros del órgano de gobierno de los jueces eran elegidos por los propios jueces.

Para Rodríguez Arribas, es "ositivo" el hecho de que se cubran las vacantes del CGPJ, pero es "negativo" que se haya tardado tanto tiempo. Esto se debe, en su opinión, a que en el sistema de elección sólo se pone en juego "la voluntad, la decisión y los acuerdos" de los comités ejecutivos de los partidos políticos.

Señaló que la justicia española "no va bien" debido a las dificultades por las que atraviesa el CGPJ, como la "politización partidista" y la falta de una serie competencias que van a limitarse más todavía, convirtiend el Consejo en una "caricatura de lo que la Constitución quiso que fuera", es decir, del órgano de gobierno autónomo de un verdadero poder judicial.

El presidente de la APM indicó que también es necesario ampliar las atribuciones del Consejo al máximo para que los problemas que afectan a la justicia pasen por su órgano de gobierno, y no por un departamento del Ejecutivo -como el Ministerio de Justicia- o por los de las comunidades autónomas.

"Debe ir todo al CGPJ", dijo, "que lo puede descentraliar en las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia (de las autonomías), pero siempre dentro del marco de lo que es poder judicial y no poder ejecutivo".

Asimismo, señaló que hay que restaurar el "prestigio" de las fórmulas de ingreso tanto en la carrera judicial como en los cuerpos de fiscales, secretarios y funcionarios en general de la administración de justicia.

REFORZAR LAS OPOSICIONES

En este sentido, dijo que hay que "suprimir la pluralidad de fórmulas de acceso al poderjudicial" y "fortalecer el sistema de ingreso tradicional de las oposiciones" para garantizar que lleguen a los tribunales "verdaderos juristas de prestigio".

Asimismo, propugnó un sistema "adecuado" de reforma procesal para conseguir que los procesos judiciales no sean "tan exasperantemente lentos", a fin de recuperar con ello la "mermada" confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.

Agregó que también es necesario que el ministerio fiscal se inserte "por completo" en el poder judicial y e convierta así en un instrumento para la "defensa de los débiles", la protección de la ley y la independencia de los tribunales.

En su opinión, hay que crear una "verdadera" Policía Judicial dependiente de los tribunales, tanto funcional como orgánicamente, para que la eficacia de las resoluciones judiciales "no quede al pairo, y unas veces se cumplan unas y otras cueste muchísimo trabajo llevarlas a cabo".