Aunque aún está por determinar si el Estado aportará una parte de la financiación o si la CE ayudará a los países que presentan las infraestructuras más deficientes, la mayor parte de los costes deerán soportarlos los propios usuarios, bien a través de impuestos o del recibo del agua.

Estas estimaciones quedan reflejadas en un artículo publicado en el último número de la revista editada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La normativa comunitaria obliga a los núcleos urbanos con más de 15.000 habitantes a construir instalaciones de depuración antes del año 2000, mientras que para aquellos con más de 2.000 habitantes y menos de 15.000 el plazo finaliza en el 2005.

En nuestro país, ante las importantes inversiones que requiere la gestión del agua, la tendencia de los ayuntamientos es otorgar concesiones a empresas privadas para que estas asuman el compromiso de invertir en este servicio.

La Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento considera que, en la actualidad, el 26 por ciento de la población tiene sus servicios de abastecimiento gestionados por empresas privadas.

Pero según Carlos Torres, de la Dirección General de Calidad de las Agua del MOPT, los plazos impuestos por la CE son pequeños, ya que "no sólo la depuración es cara, sino que la construcción de las depuradoras va a suponer grandes inversiones".

España es el cuarto país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en cuanto a consumo de agua, sólo por detrás de Estados Unidos, Japón e Italia.

Sin embargo, el destino de la mayor parte del agua es la agricultura, que absorbe un 79 por ciento del total, el 14 por ciento tiene un uso urbano y e 7 por ciento restante es consumido por las industrias.