Este proceso se inició en la pasada legislatura tras una denuncia del Grupo Municipal Socialista de esta localidad, que puso en manos de la Justicia la negativa de la primera edil a convocar un pleno municipal al haberse gastado unos 60 millones de pesetas fuera de presupuesto.

La denuncia se presentó en 1998 ante el Juzgado de Valdemoro, pero la acusada recurrió y su reclamación fue aceptada en primera instancia. Ahora, la Audiencia Provicial rectifica esa decisión y ordena al Juzgado de Valdemoro que abra juicio oral.

El auto indica a la acusada que "constituya fianza en cuantía de un millón de pesetas a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pudieran declararse procedentes, bajo apercibimiento de que en caso de no verificarlo se procederá al embargo de sus bienes".