El Plan de Empleo español está dotado con un presupuesto de casi dos billones de pesetas, un 30% más que en 1999, y prevé originar un millón y medio de acciones formativas, con las que acercar al empleo a1.100.000 parados españoles.

El Gobierno español confía, según dijo Aparicio, en que este nuevo plan tenga buena aceptación en el seno de la UE, donde será examinado por los otros países. En las dos ocasiones anteriores en que se presentó, el modelo español logró situarse entre los mejores.

Dentro del plan, destaca la dotación para políticas activas de empleo, que se incrementa en un 16,5% y alcanza los 591.598 millones de pesetas, que se destinarán especialmente a los jóvenes parados de menos de25 años que llevan 6 meses en las listas del Inem, los mayores de 45 que han permanecido sin trabajo más de un año, los parados de larga duración y los discapacitados.

Además, existen programas de formación profesional reglada por valor de 270.533 millones de pesetas y otros 50.000 millones se destinarán al programa de Renta Activa de Inserción de parados mayores de 45 años con cargas familiares.

El Plan de Empleo para el año 2000 destina también un importante esfuerzo presupuestario a las líneasde crédito para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (pymes), que podrán acceder a 596.300 millones de pesetas en créditos.

A esto se sumarán 137.000 millones de pesetas que se destinan a apoyar a las sociedades para que sean más competitivas desde el punto de vista tecnológico y otros 285.159 millones de pesetas por la vía de las bonificaciones en la contratación que, en el nuevo plan, se destinan principalmente a impulsar los contratos a mujeres.

Este Plan de Empleo cuenta, por trcer año consecutivo, con la oposición de los sindicatos UGT y CCOO, que consideran que no contiene medidas concretas para luchar contra el desempleo ni se amplía la cobertura por desempleo, una de la viejas reivindicaciones sindicales.

No obstante, por primera vez el Gobierno remite a Bruselas, junto al plan, las propuestas de sindicatos y empresarios, con el fin de que las autoridades comunitarias puedan conocer la versión de estos colectivos.