El proceso de separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social está casi culminado y sólo queda por decidir la ubicación financiera definitiva del complemento a mínimos, que supone un gast anual de más de 600.000 millones de pesetas y que actualmente se financia con cargo a cotizaciones sociales. Este debate se abordará en el 2000.

Aparicio dijo que hay dudas acerca de si el complemento a mínimos es una prestación contributiva, con lo que debería financiarse con cuotas sociales, o no contributiva, con lo que tendría que financiarse vía presupuestos. A su juicio, "hay argumentos suficientes y sólidos para defender ambas tesis".

Para Aparicio, no parece que este complemento sea algoal alcance de todos los españoles, ya que está reservado a quienes se mueven dentro del mundo contributivo de las pensiones. Indicó que si fuera una prestación universal a la que puede acceder cualquier español, estaría claro que debería financiarse con impuestos.

Pero Aparicio tampoco cree que tengan totalmente la razón quienes dicen que este complemento, al estar reservado a quienes han cotizado a la Seguridad Social, debe financiarse con cuotas sociales, porque también es cierto que se rompe la proorcionalidad que debe existir entre lo cotizado y lo que se va a percibir.

Por ello, el responsable de Seguridad Social cree que las dos tesis se pueden defender. Además, Aparicio señaló que el complemento a mínimos nunca ha tenido carácter exclusivo ni contributivo ni universal.

A la pregunta de si podría fijarse una fórmula mixta de financiación de esta prestación, de manera que una parte fuera con cargo a presupuestos y la otra a cotizaciones sociales, Aparicio dijo que "el terreno del encuento normalmente se da cuando uno renuncia a parte de sus tesis", no descartando, por tanto, esta fórmula.

Aparicio respetó la opinión de los sindicatos y empresarios, que consideran que el complemento a mínimos es una prestación no contributiva que debe financiarse con cargo a los presupuestos, pero insistió en que la decisión sobre la ubicación definitiva de esta prestación debe adoptarse en un clima de consenso social y también político.

A su juicio, una vez completada la separación de las fuente de financiación de la Seguridad Social en lo relativo a sanidad y servicios sociales, que han pasado a financiarse a través de los presupuestos, el debate sobre la financiación del complemento a mínimos debe abordarse "con la debida serenidad" y teniendo en cuenta la evolución de la economía.