Mientras que al comprar una lavadora o un automóvil, el consumidor recibe una garantía y un manual de mantenimiento, cuando se trata de una vivienda, que es un bien que suele hipotecar los ingresos de una familia durante varios años, el ciudadano no tiene ninguna orientación.

Para llenar ese vacío legal, la Unión de Consumidores de España UCE) y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) firmaron hoy un convenio de asistencia técnica en materia de vivienda.

El acuerdo, que tendrá una duración de un año y entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, fue suscrito por José Antonio Otero Cerezo, presidente del CGATE y Francisco Javier Angelina González, presidente de la UCE.

Las dudas que se plantean cuando una persona quiere comprar una vivienda son básicamente de dos clases, explicó Otero: Jurídicas, para lo cua se puede acudir a un letrado, y técnicas, que son las que pretende satisfacer este servicio de asesoramiento concertado entre ambas organizaciones.

El presidente de la UCE recordó que las reclamaciones sobre la calidad de los materiales de construcción "son las más cuantiosas" y representan "casi el 22 por ciento" de todas las que recibe esta asociación.

Angelina añadió que en los organismos de la Administración encargados del consumo "la vivienda es el bien que más se reclama".

"Hemos querdo poner en marcha un servicio", añadió el representante de los consumidores, "que viene a completar el apoyo al asesoramiento jurídico" que ya venía prestando la UCE.

De esta forma, por un precio "muy barato", señaló Otero, cualquier persona asociada a la UCE podrá recabar la asistencia de un arquitecto técnico para obtener, entre otros servicios, un informe sobre viviendas de primera ocupación o un diagnóstico sobre elementos comunes (ascensores, tejado, garaje, etc.) de un edificio.

VIVIENDAS USAAS

También ofrecerá la organización de defensa de los consumidores, a traves del CGATE, dos clases de informes sobre casas usadas.

El servicio "diagnosis vivienda" establecerá su degradación, expresando el estado de cada uno de los elementos fundamentales.

Por su parte, el servicio "test vivienda" consistirá en un chequeo previo a la rehabilitación, así como una valoración económica de su costo final.

Además, el ciudadano podrá encargar informes periciales sobre la patología de vivienda o edificaciones y una valoración de daños, que podrá utilizar para fundamentar reclamaciones amistosas o judiciales.

El CGATE se enfrenta anualmente a una media de 600 a 800 procesos jurídicos por defectos, errores o falta de calidad en los edificios, informó Otero.

También explicó que el conjunto de las compañías de seguros abonan, sólo por responsabilidades de los arquitectos técnicos o aparejadores, entre 3.800 y 4.000 millones de pesetas al año por reclamaciones.

Sin embargo, el presidete del CGATE aseguró que el 47 por ciento de los siniestros por defectos en la construcción eran debidos a fallos del proyecto y, por tanto, no achacables a los arquitectos técnicos.

Otero efectuó un llamamiento a la colaboración de todos para que el Gobierno venza los "fuertes intereses existentes en torno al sector inmobiliario" y proteja más al comprador y usuario.