Ambos pidieron por escrito al Ejecutivo que instase a Telefónica a modificar el reglamento de servicio telefónico vigente, para que establezca oficialmente como optativo el aparecer o no en la guía.

Tradicionalmente, la inscripción de los abonados se ha considerado como un derecho de éstos y un deber por parte de las entidades prestatarias de los servicios, y hasta ahora no se había cuestiondo su oficialidad. "No obstante", reconoce el Gobierno en su respuesta, "opiniones relativamente recientes cuestionan la aparición de los nombres en la guía telefónica, ante las posibles intromisiones que se puedan dar en la vida privada de las personas".

Estas opiniones a las que hace referencia el Ejecutivo son, básicamente, las conclusiones de un informe elaborado por la Comisión XIII de la CE sobre la red europea de telefonía, en el que se aborda el derecho de los abonados a figurar o no.

"Esaña", concluye el Gobierno en su respuesta, "adoptará, en consecuencia, las decisiones que las directivas comunitarias señalen en este campo; si bien, mientras esto llega, hay que señalar que, desde la Delegación del Gobierno en Telefónica de España, se han favorecido las peticiones que han llegado por parte de abonados que, por motivos fundados, no han deseado que sus nombres aparecieran en las guías telefónicas".