La propuesta de la AOC tiene el apoyo de los grupos parlamentarios de Convergència i Unió (CiU), Euskadiko Ezkerra (EE), Eusko Alkartasuna (EA) y el Centro Democrático y Social (CDS), además de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

Los representantes de la asociación señalaron que la ley demuestra sus carencias en la demora en reconocer y clasificar a los objetores (en la actualidad de dos añosy medio a tres y medio); la inexistencia de una oferta suficiente para realizar la prestación social sustitutoria; la falta de cobertura sanitaria y la suplantación encubierta de puestos de trabajo.

Actualmente, la Administración oferta 12.500 plazas para los más de 45.000 jóvenes que se han declarado objetores, de los cuales nueve están encarcelados, la mayoría de ellos por haber abandonado su destino antes de concluir los 18 meses de prestación estipulados por la ley.

NUEVA LEY

Los objetores retenden que el Gobierno redacte una nueva norma, que recoja los postulados de la ratificada hace un año por el Parlamento catalán y que será discutida próximamente en el Congreso de los Diputados.

A su juicio, esta ley tendría que ser no discriminatoria y progresista, con el fin de "desarrollar el derecho a la objeción como una aportación positiva y transformadora de una sociedad democrática y participativa".

La Cámara Baja aprobó la semana pasada una proposición no de ley que denunciaba la falt de agilidad en el proceso desde que un joven se declara objetor hasta que es llamado a realizar la prestación sustitutoria y la discriminación de los objetores respecto a los soldados que realizan la "mili".

Por ejemplo, esto ocurre en la Cruz Roja, donde pueden hacer el servicio militar voluntarios y objetores. Los primeros, de uniforme, cumplen 12 meses de "mili" (a partir del próximo mes serán nueve) y los segundos, realizan 18 meses de prestación social sustitutoria.