Como primera medida, la Xunta ha requerido a la ptronal gallega para que devuelva 93 millones pendientes de justificar de los cursos realizados durante esos dos años y, además, ha decidido retener 103 millones de subvenciones para cursos realizados en el año 2000.

La Consellería de Familia y Promoción de Empleo, Mujer y Juventud de la Xunta ha remitido una carta a la Fiscalía Anticorrupción, en la que se pone al servicio de este organismo para esclarecer si puede existir algún tipo de delito en la actuación de los empresarios gallegos.

En las pimeras investigaciones, la Consellería ha detectado falta de justificación en el uso de 93 millones de pesetas, cantidad que le ha sido requerida a la patronal, si bien todos los cursos subvencionados se habían impartido.

La Xunta ha informado del resultado de sus pesquisas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y también a los responsables del Fondo Social Europeo (FSE), de donde procede el dinero para los cursos que se imparten a parados.

Las supuestas irregularidades se refieren únicament a fondos para la formación de parados, que son competencia de la Consellería de Familia del Gobierno gallego y no tienen relación con las ayudas para la formación de desempleados que gestiona la Fundación para la Formación Continua (Forcem).