El órgano entonces dirigido por Carlos Jiménez Villarejo abrió diligencias informativas sobre esta campaña del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en marzo del año pasado, tras una denuncia interpuesta por Izquierda Unida.

La coalición liderada por Gaspar Llamazares se dirigió a esta Fiscalía para averiguar si hubo malversación de fondos públicos en la adjudicación de esta campaña, que costó ,2 millones de euros y se divulgó pocos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales.

El pasado mes de septiembre, el departamento dirigido por Antonio Salinas solicitó al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, una prórroga de seis meses para continuar esta investigación según informaron las mismas fuentes.

Las diligencias informativas son el primer paso para averiguar si existe materia delictiva en los hechos que se investigan, antes de decidir si el caso se archiva o se presenta na querella por apreciarse indicios de delito.

PREVARICACION

En su denuncia, interpuesta el 31 de enero de 2003, Llamazares acusaba a Zaplana y a Rodríguez, presidente de la empresa publicitaria, de un presunto delito de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Llamazares consideraba que la adjudicación de esa campaña fue "ilegal, éticamente reprobable y constituye un posible delito", por lo que remitió sendos escritos al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y el fiscal Anticrrupción.

Además, el líder de IU criticaba en su día que esta campaña era "propaganda de partido", pues se produjo a escasos cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales del 25 de mayo.