El decreto conocido este jueves, está firmado por el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, y consta de 21 páginas. En el escrito se acuerda el archivo de la investigación por considerar que no se ha podido acreditar la comisión del delito de prevaricación o tráfico de influencias.

En relación al papel de Isabel Díaz Ayuso en este contrato, el decreto de Anticorrupción explica que las hipótesis planteadas por los denunciantes "no han superado el umbral de las meras sospechas".

Anticorrupción recibió tres denuncias en relación a ese contrato que interpusieron los tres grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid: el Grupo Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos.