Hasta ahora, muchas peticiones de los ciudadanos, referidas a becas, ayudas de vivienda u otras, requerían certificados de ingresos del solicitante, datos que ya tiene la Administración a través del Ministerio de Hacienda. Lo mismo ocurre con las empresas, que se ven obligadas a certificar datos que ya conoce el Fisco.

Según los datos del Gobierno, los españoles solicitaban anualmente seis millones de certificados a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social, poque así lo exige la propia Administración -ya sea estatal, autonómica o local-, para los distintos trámites que gestiona. A partir del lunes, estos certificados desaparecen.

El resto de los certificados requeridos a los ciudadanos, y que recaen cuantitativamente en su mayor parte sobre el Ministerio de Justicia a través de los diversos certificados que emiten los Registros Civiles, serán eliminados en el plazo de un año.

Además, la pretensión del Ministerio de Administraciones Públicas, según expicó su titular, Javier Arenas, es que los ciudadanos cuenten en breve con un domicilio electrónico único en el que recibirán las notificaciones de la Administración.

Para el logro de este objetivos se contemplan los registros telemáticos (funcionarán las veinticuatro horas de todos los días del año) y las notificaciones telemáticas, con los cuales el ciudadano tendrá opción a ser notificado de los procedimientos por medio de una dirección electrónica única que haya elegido expresamente. Se abre tambié el debate sobre la ampliación al horario de tarde de más servicios públicos.

Finalmente, Arenas valoró este avance de la Administración pública y confió en mejorar aún más la firma de acuerdos con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, de manera que los ciudadanos se ahorrarían otros 1,5 millones de certificados.