La CAVE ha presentado alegaciones al proyectode reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones que ha elaborado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que prevé que las personas puedan estar sometidas a niveles de 450 microwatios/centímetro cuadrado (a una frecuencia de 900 Mhz), cuando la Conferencia Internacional sobre Antenas de Telefonía de Salzburgo, de julio de 2000, estableció un límite máximo de 0,1 microwatios/cm2, es decir, 4.500 veces menos.

Sin embargo, el proyecto de reglamento de Ciencia y Tecnología "parece que, más que protger a los españoles de los efectos perniciosos de las antenas de telefonía móvil, quiere proteger estas instalaciones de los ciudadanos", según afirmó en rueda de prensa Juan Manuel Román, técnico de la CAVE.

La confederación iniciará una campaña informativa entre las comunidades de vecinos para que se desmonten aquellas instalaciones que no estén a más de 600 metros de toda zona habitada. El hecho de que no existan conclusiones científicas concluyentes (se esperan para el 2005-6) no debe ser motivo pra que se desprecie el principio de precaución en materia de salud y seguridad recogido en la legislación europea y española, argumentó Román.

"No vayamos por detrás de los problemas sociales, como ha ocurrido con la denominada 'crisis de las vacas locas', provocada por la insensatez de algunos gobernantes que hubieran podido evitar en su día y sin hacer mucho ruido lo que hoy es un grave problema que afecta a toda la esfera internacional", recoge la CAVE en sus alegaciones contra el proyecto de reglaento.

El ingeniero de telecomunicaciones Fernando Andueza, que asesora a los vecinos, señaló que la solución a este problema la conocen las operadoras de telefonía y es construir altas torres, repartidas por las ciudades, que están lejos de las personas. Andueza puso como ejemplo una construcción que está levantando Telefónica cerca de la calle Pío XII de Madrid.

Actualmente existen en España unas 20.000 antenas de telefonía móvil y las previsiones apuntan a que en 2 años este volumen se haya dupicado. Solamente en Madrid hay instaladas unas 6.000 instalaciones que pueden llegar a pesar 3 toneladas cada una.

Mientras tanto, las numerosas demandas judiciales que están surgiendo contra las empresas de telefonía ya han desembocado en media docena de sentencias que ordenan el desmantelamiento de los equipos, indicó la CAVE.