El representante de los municipios recordó que el problema social de las antenas (miedo a sus efectos) es anterior a que se solicitara la intervención de la FEMP, hace un año, por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de las operadoras de móviles, para tratar de frenar la alarma social. Los ayuntamientos en ningún momento han exigido requisitos medioambientales (sobre potencias de emisión o niveles de exposición), ya que no son competencia suya, afirmó Cruz.

Lo que están pidiendo las corporaciones locales a las empresas, aseguró la FEMP, son los documentos que pactaron con Ciencia y Tecnología y las operadoras, indicó Cruz, que es una licencia urbanística, ya que hasta ahora el despliegue de las estaciones base se realizaba al margen de los ayuntamientos, mediante un contrato privdo entre la compañía y el propietario o propietarios del edificio donde se colocaba la antena.

Para obtener la licencia urbanística, según la ordenanza tipo de la FEMP que están adoptando muchos ayuntamientos, una operadora de móviles debe cumplir con dos requisitos: en primer lugar, tiene que informar al consistorio del despliegue de antenas en el municipio que le ha aprobado Ciencia y Tecnología, y en segundo lugar, debe asegurar las antenas con una póliza para daños y responsabilidad civil.

LaFEMP subrayó que los municipios no tratan a las operadoras peor que a cualquier ciudadano que debe pedir una licencia urbanística. "Es una licencia urbanística que es obligatoria para cualquier tipo de modificación en un inmueble para cualquiera, no sólo para estos señores", afirmó Cruz.

Rechazó que los ayuntamientos estén bloqueando el despliegue de antenas y dijo que la alarma social creada por las antenas, el miedo de los ciudadanos que ahora no autorizan la instalación de una estación base en su eificio, es anterior a los nuevos requisitos urbanísticos. "Los ayuntamientos intervienen en este asunto cuando la alarma social está ya extendida", insistió la FEMP.

Pero el miedo ciudadano a las antenas "no es el problema de los ayuntamientos. Si los vecinos no quieren antenas, los alcaldes se pondrán al lado de los vecinos. Y lo que hemos hecho desde la FEMP es una ordenanza que no ha tocado el tema medioambiental ni de salud, con lo que se emite un mensaje a los ayuntamientos muy positivo -que no tngan problema ni inconveniente en instalar antenas-, sólo que ahora se les da una herramienta para poder negociar adecuadamente con las operadoras", concluyó el secretario general de la FEMP.