En un comunicado, CEAPA anunció que ha solicitado una reunión con los ministerios de Educación y Sanidad para exigir una "legislación clara y homogénea para todo el Estado", que determine los criterios de protección frente a los potenciales riesgos sanitarios.

La confederación laica de padres juzgó "inaceptable" la actitud de la Junta de Castila y León en el caso del colegio público de Valladolid García Quintana, por "anteponer los intereses comerciales de las compañías de telefonía móvil a la salvaguarda de la salud de los alumnos".

"Las Administraciones públicas competentes deben prevenir y controlar los riesgos sanitarios de estas radiaciones y son las responsables de la protección efectiva de la salud de los escolares. Por ello, un elemental principio de precaución aconseja la desactivación y desmantelamiento de estos elementos próximosa los centros educativos", indicó el comunicado.