La ministra compareció hoy a petición propia en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso para informar a los diputados de las medidas que está adoptando el Gobierno para conciliar el desarrollo tecnológico, que exige l despliegue de redes de antenas emisoras de telefonía, radio y televisión, con la defensa de la salud pública y el medio ambiente.

Según Birulés, hay que distinguir la autocertificación que las operadoras deben realizar antes de julio, con la que se responsabilizan de que se cumplen las normas y que las cumplirán en el futuro, de las inspecciones a cargo de personal técnico dependiente de Ciencia y Tecnología.

Las autocertificaciones de las cerca de 35.000 antenas que están instaladas en España eberán ser presentadas por las operadoras en un plazo de nueve meses desde septiembre pasado.

Además, Ciencia y Tecnología ha elaborado un Plan de Inspección para verificar que lo declarado por las compañías se corresponde con la realidad. En el mismo, y a propuesta de las empresas, según Birulés, se ha dado prioridad a las inspecciones en zonas sensibles, es decir, en zonas urbanas.

MEDICIONES

Pese a que hasta el 12 de enero de 2002 Ciencia y Tecnología no publicó en el "Boletín Oficial del Esado" la metodología de medida y las normas de certificación que deben seguir las entidades verificadoras, hasta el 31 de enero se habían efectuado un total de 614 inspecciones, según la ministra. Fuentes del departamento precisaron después que esas verificaciones respondían a peticiones diversas, bien de ayuntamientos, bien de jueces, que necesitaban responder a demandas concretas de colectivos o particulares.

La ministra reiteró que cuando se disponga de los resultados de las inspecciones se harán púlicos, no sólo poniéndolos a disposición del resto de las administraciones, sino ofreciéndolos en la página del ministerio en Internet, para lo cual los técnicos de Ciencia y Tecnología están traduciendo la información disponible del censo de antenas a un lenguaje comprensible para el ciudadano.

En respuesta a las críticas de la oposición por no precisar en qué medida las operadoras deben minimizar las emisiones en las cercanías de escuelas o geriátricos, Birulés señaló que no se podía exigir una redución concreta porque varían mucho las circunstancias técnicas y de emplazamiento de cada antena.

Por su parte, la diputada socialista Montserrat Palma preguntó cómo va a inspeccionar el Gobierno las cerca de 35.000 antenas existentes al ritmo de mil mediciones cada tres meses, a lo que Birulés respondió que las inspecciones de aquellas estaciones situadas fuera de las áreas sensibles se efectuarán mediante un "muestreo estadísticamente significativo".

Ante ello, la parlamentaria socialista argumetó, ya en declaraciones en los pasillos, que inspeccionar por muestreo no es suficiente porque "arroja todavía algunas dudas, que no contribuyen para nada a lo que decíamos todos en la comisión que hay que conseguir, que es proporcionar información rigurosa y objetiva a la población".

"La gran esperanza para proporcionar esta información y para aportar tranquilidad y confianza es precisamente tener la certeza de que todas las instalaciones de estaciones base de telefonía móvil cumplen con los requisits", apuntó Palma.