Tras señalar que "la cuestión está todavía suficientemente oscura", Molins explicó que se trata de una suspensión cautelar, no de una anulación del acto de la compra, "que no se entiende si puede ser subsanado o no a lo largo de la propia suspensión, es decir, si si el accionisa o el Ministerio de Fomento acreditaran el cumplimiento de las condiciones que marca la ley para poder ser accionista podría ser subsanada esa insuficiencia y por tanto retirada la suspensión cautelar".

"Lo que queda claro", concluyó el portavoz de CiU, "es que la precipitación con que actuó, al menos a juicio del tribunal, el Ministerio de Fomento el tribunal la sanciona, y con una cierta dureza, porque la suspensión de este acto, aunque sea en forma cautelar, tiene ya unas consecuencias directas sore la gestión de la propia televisión y sobre la introducción que Telefónica hizo en los órganos de administración y de dirección de la entidad".