En dicha denuncia, la defensora del Pueblo en funcione, Margarita Retuerto, pone en duda que cierto ciudadano aceptara "voluntariamente" ser trasladado a comisaría para ser identificado, cosa que ANPU calificó de "un poco imprudente", ya que "la policía no suele obligar a nadie".

Asimismo, dichas fuentes señalaron, sobre la "falta de criterios" de la que son acusados por Retuerto, que "el policía, por su pericia profesional, sabe cuando tiene que detener a una persona y cuando no".

Indicaron que, así como consideraban que el polémico artículo de "lapatada en la puerta", declarado inconstitucional y nulo por el Tribunal Constitucional el pasado 18 de noviembre, no era necesario puesto que ya existían dos textos legislativos al respecto, sí lo era el artículo 20.

"Era necesaria la figura de la retención", indicaron, porque sin ella, en muchas de las actuaciones policiales, "se podía pecar de una detención ilegal".

Las mismas fuentes señalaron a Servimedia que solicitarán a la oficina del defensor del Pueblo el texto del informe en el que se bsan para denunciar dichos "abusos policiales" y tomar las medidas necesarias al respecto.