Hernando recordó en sus primeras palabras al magistrado José María Lidón, asesinado por ETA en Getxo (Vizcaya) el 7 de noviembre del año pasado. "Una vez más, la zarpa del terrorismo ha arrancado a un responsable público de los afectos de su familia, de sus amigos, de sus compañeros", dijo. "Una vez más, la inútil sinrazón del terrorismo nos ha recordado que somos limitados en adjetivs a la hora de calificar el daño que se nos causa y la conducta con la que se nos afrenta".

Sin embargo, el presidente del Supremo expresó su firme confianza en que los juzgados y tribunales hagan caer sobre los terroristas todo el peso de la ley.

NECESIDADES DE LA JUSTICIA

En cuanto a la Justicia, Francisco Hernando señaló que el Pacto de Estado para la reforma de la misma ha constatado que estaba necesitada de medidas decididas de apoyo. Asimismo, indicó que le parece cada vez más perentoria a aprobación de una Ley Orgánica del Poder Judicial, "bajo cuya cobertura pueda fructificar la nueva estructura de la Justicia española".

Al igual que hiciera minutos antes el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, el presidente del CGPJ valoró la elaboración de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, "una pieza capital e innovadora, buena muestra de nuestro talante, que impregna las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos, y la prueba de su acierto es el interés maúsculo que ha despertado en los poderes judiciales extranjeros, en especial en los de nuestra comunidad histórica (la iberoamericana)".

Hernando hizo especial hincapié en que la modernización de la Justicia pasa de manera "imprescindible" por la creación de estructuras retributivas adecuadas.

En su opinión, no sólo hay que establecer montantes ajustados a los distintos puestos o cargos que desempeñan los miembros de la Administración de Justicia, sino que hay que incorporar elementos incentivadors para conseguir la mejora del funcionamiento general del sistema.

En este sentido, felicitó al Ministerio de Justicia por la elaboración del anteproyecto de ley de retribuciones para jueces, magistrados y fiscales.

Por otra parte, el presidente del Tribunal Supremo destacó que el 70 por ciento de los asuntos que se presentan ante los tribunales pueden ser considerados "de escasa complejidad jurídica y de baja entidad económica".

Tras señalar que existe "un capital humano al que hemos de darjusta y eficiente utilización", Hernando abogó por la creación de un nuevo escalafón de "Justicia de proximidad".

INMIGRANTES

Otro de los asuntos abordados por el presidente del Supremo y del CGPJ en su discurso fue la situación jurídica de los extranjeros en España, al igual que hizo en su intervención previa el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.

Hernando destacó el fenómeno de la inmigración masiva y afirmó que "la cualidad de trabajadores de los inmigrantes va a demandar soluciones epecíficas por parte de la rama social del Derecho, a la hora, por ejemplo, de velar por las condiciones en las que desarrollarán su actividad laboral o en su calidad de beneficiarios de la asistencia sanitaria o de cualquiera de las prestaciones de la Seguridad Social".

Asimismo, indicó que, en su opinión, la inmigración económica debe ser canalizada a través de los contingentes de trabajadores extranjeros, "cauce idóneo para canalizar una inmigración legal, una inmigración que se espera venga provist desde el extranjero con un contrato de trabajo y con toda su documentación en regla".

Para Hernando, una consecuencia lógica de la desaparición de fronteras dentro de la Unión Europea sería que un trabajador que haya sido admitido en uno de los estados miembros pueda pasar a desempeñar su trabajo en otro distinto.

COSTUMBRES INACEPTABLES

Pese a defender el derecho a la diferencia, Francisco Hernando arremetió contra determinadas instituciones muy arraigadas en algunas culturas, en las que las ujeres están sometidas a los varones.

"Estimo frontalmente contrarias a la Constitución española, por lo que no podrán ser admitidas en nuestro suelo por los poderes públicos, instituciones como la supremacía del varón sobre la mujer; la tutela de la mujer mayor de edad y no incapacitada por parte de su marido o de su padre; la atribución de facultades unilaterales de dirección familiar, de administración o disposición de los recursos económicos por parte del marido; la dote en cuanto suponga precio qe se pague por la mujer; el repudio unilateral por parte del varón y, desde luego, toda clase de facultades de corrección o de empleo de violencia -física o psíquica- por parte de un cónyuge hacia el otro", indicó.

Igualmente, manifestó su preocupación por el hecho de que aquellas personas que se encuentran en España de manera "jurídicamente incorrecta" demanden de los poderes públicos su regularización al margen de los cauces del Derecho.

"Con independencia de que tras todos y cada uno de esos fnómenos lata siempre un drama humano, estimo gravemente peligroso que la sociedad se acostumbre a instalarse en dinámicas como la expresada; que se aprecie como norma el que aquellos que infringen la ley puedan obtener la solución de sus problemas a través de la presión social y obteniendo derogaciones singulares de la misma. La ley ha de ser igual para todos", dijo.

En otro momento insistió en la necesidad de combatir también el racismo y la xenofobia, "dos sentimientos que juntos andan en lo más oscro y torvo del alma humana, y que han sido el antecedente necesario de algunos de los episodios más vergonzosos escritos en las páginas de la historia de los hombres sobre la tierra".

Al acto de apertura del Año Judicial asistieron, entre otras muchas personalidades, el rey Juan Carlos, el presidente del Constitucional, Manuel Jiménez de Parga; las presidentas del Congreso y del Senado, Luisa Fernanda Rudi y Esperanza Aguirre; todos los vocales del CGPJ, diversos miembros del Consejo General de la Aboacía; el defensor del Pueblo, Enrique Múgica; el presidente del Consejo de Estado, Iñigo Cavero; el alcalde de Madrid, José María Alvarez del Manzano, y portavoces parlamentarios de distintos partidos.