AI asegua que, en los últimos ocho meses, "la policía tunecina ha detenido a centenares de islamistas y otras personas, a las que en ocasiones ha prendido de forma violenta en sus domicilios y ha recluido en régimen de incomunicación durante semanas".

El informe añade que "muchas de esas personas han sido torturadas mientras permanecían aisladas del mundo, y varias aseguran que han sido objeto de torturas en la misma sede del Ministerio del Interior".

El pasado mes de mayo, una delegación de AI visitó Túez para llamar la atención del Gobierno de ese país sobre el "creciente empeoramiento de la situación de los derechos humanos, y entregó a sus funcionarios una lista en la que figuraban los nombres de más 70 personas que en ese momento aún se hallaban detenidas e incomunicadas, tras haber cumplido el plazo máximo legal de 10 días".

Asimismo, la organización defensora de los derechos humanos ha enviado un escrito al Gobierno de Túnez en el que pide información sobre las circunstancias en las que muriern entre los meses de abril y mayo dos detenidos políticos que estaban bajo custodia.

También denuncia que "en los últimos tres meses, han sido detenidos más de 300 miembros de un grupo islámico, y muchos de ellos llevan encarcelados semanas sin que ninguno haya podido ver siquiera a sus familiares o abogados".

AI informó también que una de las víctimas de malos tratos aplicados por los responsables de la seguridad en Túnez asegura que permaneció incomunicado durante tres semanas en compañía de oto recluso, al que sólo le era posible trasladarse arrastrándose con manos y pies, debido a las torturas que había recibido.

La organización humanitaria ha recibido más de un centenar de denuncias de este tipo por parte de personas que han recibido malos tratos por pertenecer al principal grupo de oposición, Hizb al Nahda, o por estar bajo sospecha de pertenecer a él.

Aunque las autoridades de Túnez reconocen que se han producido "agresiones esporádicas", niega que se hayan existan abusos generaliados. AI, por su parte, lo desmiente, y dice que "estos abusos no son hechos aislados y forman parte de una práctica habitual que el Gobierno debe investigar inmediatamente".