Según informó Política Territorial, en el proceso de traspasos a Navarra intervendrán varios ministerios, ya que prevé la cesión de la gestión de Becas e Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) y la titularidad del tramo navarro de la autopista Vasco-Aragonesa AP-68.

Torres avanzó que “ya los ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes; Ciencias e Innovación; y Transportes y Movilidad Sostenible disponen la documentación inicial para el avance de esas transferencias a la Comunidad Foral de Navarra” e insistió en que este proceso “se llevará a cabo siguiendo los pasos reglados, en los tiempos formales, pero sin pausa”.

CLIMA DE COOPERACIÓN

En este primer encuentro participaron también el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Ejecutivo Foral, Félix Taberna.

Ángel Víctor Torres y María Chivite destacaron la colaboración que mantienen las administraciones estatal y foral y la voluntad de continuar trabajando en un clima de cooperación que permita alcanzar el mayor número de acuerdos.

Los equipos de ambas administraciones acordaron la reactivación de la Junta de Cooperación con Navarra, que llevaba 25 años sin convocarse. Para el ministro “este es el modelo de relaciones que quiere el Gobierno de España con todas las comunidades autónomas y es el camino que abriremos desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática”.

Por su parte, María Chivite subrayó que “avanzar en las transferencias pendientes representa para Navarra una cuestión de gran importancia, recogida en nuestro acuerdo programático, como es el despliegue de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) y el fortalecimiento de nuestro autogobierno”.

Tanto Chivite como Torres recordaron que, en los últimos años, el Gobierno de España ha transferido a la Comunidad Foral de Navarra las competencias en materia de sanidad penitenciaria, en materia de tráfico y la gestión de la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital.