El documento, basado en la comparecencia del consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, en el Parlamento el 5 de abril, el Ejecutivo analiza el modelo de financiación desde 1999 y apuesta por la ampliación hasta un 50% de la cesión a las comunidades autónomas del IRPF, el IVA y los impuestos especiales, estableciendo un esquema de módulos en el IRPF que permita ampliar la capacidad normativa de cada comunidad.

La propuesta andaluza plantea que se tenga en cuenta la población real efectiva y su evolución para fijar las necesidades de financiación. Igualmente propone un bloque de financiación específico e individual para las competencias de educación, actualmente la mitad del gasto dedicado a las competencias comunes.

De esta forma, las necesidades de financiación se calcularían de acuerdo con a la población en edad escolar de cada región.

En cuanto al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), la Junta defiende que su dotación se asocie a la evolución del PIB nacional, el 0,30% del mismo, lo que supondría multiplicar la cantidad actual por 2,5 veces, y se distribuya entre las comunidades en función de su población, las diferencias en el PIB per cápita y el desempleo.

Así, todas las comunidades que actualmente participan en estos fondos ganan con respecto al actual sistema de dotación y reparto.

Entre las propuestas del Gobierno andaluz, para determinar las necesidades de gasto de las comunidades de una manera homogénea, se deben tener en cuenta cuatro bloques competenciales en lugar de los tres que existen actualmente, de manera que se incluya la educación como ese cuarto bloque a la hora de determinar las necesidades de financiación de cada región.

ESPACIO FISCAL PROPIO

El texto apuesta por la creación de agencias tributarias propias que colaboren con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y propone que la regla de evolución del fondo de suficiencia se realice según la tasa de crecimiento del PIB nominal o según la variación que experimente la totalidad de la recaudación tributaria realizada por la administración estatal y las comunidades.

En la misma línea, la propuesta andaluza aboga por la creación de un espacio fiscal propio para las comunidades reservado al ejercicio de la autonomía de las mismas, buscando aquellas materias imponibles que más relación guardan con sus propias competencias.

Con la entrega del documento, el primero que envía una comunidad autónoma al Gobierno, se da respuesta al acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 7 de febrero, en la que se constituyó un grupo de trabajo para abordar la reforma del sistema vigente.

El Gobierno central, por su parte, se ha comprometido con las comunidades autónomas a tener lista su propuesta sobre la reforma del modelo de financiación autonómica en torno al mes de octubre.