En el capítulo de las iniciativas para la recuperación y la integración de las víctimas, la ley establecerá un cupo de reserva específico en todas las promociones de vivienda protegida para su cesión o adjudicación a mujeres que acrediten sufrir una situación de maltrato.

Como principal novedad, destacó la Junta, esta medida incluirá viviendas en régimen de propiedad, frente al actual cupo limitado al alquiler.

De este modo, en Andalucía se reconocerán legalmente los derechos de las mujeres víctimas y de sus hijos a recibir atención especializada, protección, seguridad, información y ayudas para la recuperación y la integración sociolaboral.

Especial atención presta el borrador a las medidas preventivas, entre las que se incluyen la aprobación, cada cinco años, de un plan integral en el que participarán organismos e instituciones de los ámbitos social, jurídico, educativo, sanitario, de la seguridad y de los medios de comunicación, según detalló en una nota.

En el terreno educativo, el texto recoge medidas de revisión y adaptación de contenidos curriculares, así como intervenciones para detectar y atender las situaciones de violencia que se puedan producir en los centros.

Respecto a la salud, se incluye la atención psicológica como parte del tratamiento a las víctimas, junto con los objetivos prioritarios de detección precoz y atención especializada. Por su parte, en la atención jurídica se garantiza la asistencia letrada por el turno de oficio especializado y se dispone la personación de la Junta en juicios sobre casos de muerte violenta.