La parlamentaria sevillana señaló que se trata de niños procedentes de familias con graves problemas sociales y económicos que precisan, a su juicio, la puesta en marcha de una buna política de atención al menor como instrumento para salvaguardar su dignidad.

Más de la mitad de los 5.000 niños tutelados por el Gobierno autónomo están acogidos en instituciones privadas sin ánimo de lucro y el resto en instituciones públicas. En su opinión, es preciso que los programas de garantía social que contempla la Logse se destinen con carácter prioritario a estos menores.

Amalia Gómez reclamó a la Junta que anteponga los derechos del menor a cualquier otro interés. "En la actualidad, dijo, "las leyes no favorecen a estos menores, puesto que los niños y niñas que están bajo la tutela de la Junta se encuentran desamparados por la ley al cumplir los 18 años".

A juicio del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, la oferta anual de empleo de ayuntamientos y diputaciones debe ser "un buen marco" para que estos menores puedan incorporarse al mercado laboral y eviten así la marginación a la que se ven abocados.