Como consecuencia, el Ministerio Fiscal abrió una investigación por presunto delito en el 10,6% de los casos. El consejero de Empleo, Antonio Fernández, destacó estos datos en la reunión que esta semana mantuvo con los fiscales especializados en siniestralidad laboral para evaluar el último balance del convenio que la Junta tiene desde 2004 con la Fiscalía para la lucha contra la accidentalidad.

Este acuerdo, el primero de este tipo firmado en todo el territorio nacional, contempla el compromiso por parte de la Consejería de Empleo de comunicar con carácter urgente a los ocho fiscales especializados en siniestralidad laboral las situaciones de emergencia en relación con la seguridad y la salud de los trabajadores.

También establece que se comuniquen los accidentes muy graves o mortales, en el momento en que se tenga conocimiento de los mismos, sin necesidad de que exista una denuncia previa.

Asimismo, las delegaciones de Empleo abren un expediente por cada accidente de trabajo que se registre, así como por cada paralización dictada por la Inspección.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Siniestralidad Laboral da cuenta de la apertura de diligencias a medida que se produzcan las actuaciones. Para una adecuada comunicación, se ha provisto a los fiscales de recursos telemáticos suficientes.

El último balance, correspondiente a los tres primeros trimestres del año, desvela que Empleo comunicó 80 partes de accidentes mortales, 58 por graves y 690 por otras situaciones de riesgo, así como otros 71 partes de paralizaciones.

Como resultado de ello, la Fiscalía abrió 96 diligencias previas por presunto delito, de las que 31 fueron por accidentes mortales; 26 por siniestros muy graves y 39 por otras situaciones de emergencia.

Estas actuaciones no excluyen las llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo (adscrita al Ministerio de Trabajo y coordinada por la Consejería de Empleo), que ejecuta las sanciones administrativas. Asimismo, el convenio incluye la formación de los fiscales especialistas.