Concretamente, 348 millones tuvieron como finalidad facilitar la mayor autonomía posible, dentro del entorno familiar y social, a los discapacitados con graves problemas de movilidad y comunicación.

Estas personas recibieron ayuds para la adaptación funcional de sus hogares (incluida la eliminación de barreras arquitectónicas), la adquisición y mantenimiento de sillas de ruedas eléctricas y vehículos de motor, y la compra y reparación de prótesis.

Otros 42 millones de pesetas se invirtieron en programas de rehabilitación (psicomotricidad y fisioterapia), 32 millones a ayudas a centros y residencias, 21 millones a acciones formativas y 21 millones más en ayudas complementarias.

Los beneficiarios de estas subvenciones debe cumplir estos requisitos: no recibir asistencia en centros de la Junta de Andalucía o en otros subvencionados o concertados y poseer una renta per cápita inferior a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional.