Con este traspaso, aprobado tras el acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía en Sevilla el pasado 20 de septiembre, la Comunidad Autónoma asume, entre otras funciones, la concesión, gestión y protección de los recursos hídricos, asignados y reservados por la planificación hidrológica; el registro de aguas o el otorgamiento de autorizaciones de vertido y de uso o aprovechamiento del dominio público hidráulico.

Así mismo, asume la participación en la planificación hidrológica y la explotación, conservación y régimen de desembalses de los aprovechamientos hidráulicos.

El Estado se reserva la normativa básica; la fijación del ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir; la elaboración, aprobación, seguimiento y revisión del Plan Hidrológico de Demarcación del Guadalquivir; la programación, aprobación y ejecución de obras hidráulicas que sean de interés general del Estado o cuya realización afecte a otra Comunidad Autónoma; el registro de zonas protegidas y otras funciones en concurrencia con la Comunidad Autónoma.

Además, la Administración del Estado seguirá gestionando cuatro de los 57 grandes embalses de regulación de la cuenca del Guadalquivir, ya que dos de ellos -Fresneda y Montoro- se encuentran en otras comunidades autónomas y otros dos -Jándula y Pintado- tienen afecciones a otras comunidades; en el caso de estos dos últimos el Estado se coordinará con la Junta.

En los 53 restantes, que suponen más del 90 por 100 de la capacidad total de embalse de la cuenca, la Junta explotará, conservará y establecerá el régimen de desembalses de los aprovechamientos hidráulicos y de las obras hidráulicas asociadas.

Este traspaso permitirá, tal y como se recoge en el Estatuto de Andalucía, que la Comunidad Autónoma gestione las aguas que transcurren por su territorio y no afectan a otras comunidades autónomas.

La cuenca tiene un total de 51.900 kilómetros cuadrados -casi el 60 por 100 de la superficie de Andalucía- en los que residen más de cuatro millones de habitantes en 398 municipios. En cuanto a los medios personales, el acuerdo contempla la asunción por la Junta de Andalucía de 849 empleados públicos.

El coste efectivo del traspaso asciende a 123.010.560 euros. Sin embargo, los importantes ingresos por tasas y cánones que reporta el ejercicio de las funciones que se traspasan, evaluados en 52.542.790 euros, se han tenido en cuenta, como obliga la normativa aplicable, para la fijación del coste efectivo neto de este traspaso, que asciende a 70.467.770 euros. La fecha de efectividad de este traspaso será la de 1 de enero de 2009.