Así lo pretende la Junta andaluza. La norma, que desarrolla la ley autonómica sobre esta materia, establece asimismo la constitución de dos órganos consultivos y de asesoramiento: el Protectorado y el Consejo de Fundaciones de Andalucía.

Con el reglamento se establece un mayor control en el régimen económico de las fundaciones, especialmente en lo referente a la disposición y enajenación de su patrimonio. En este sentido, exige la autorización de la Administración autonómica para la venta de bienes cuyo valor supere el 20% del activo de la entidad.

Además, la norma desarrolla los supuestos recogidos en la ley sobre el sometimiento de las fundaciones a auditorías externas en sus cuentas anuales, entre ellos que su patrimonio o ingresos superen los 2,4 millones de euros y que el número de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 30.

En el caso de las fundaciones del sector público, la realización de la auditoría externa corresponderá a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

En cuanto a las distintas actividades de las fundaciones, el reglamento clarifica cuáles pueden ser desarrolladas por estas entidades y, en su caso, el destino de los beneficios obtenidos, además de regular los instrumentos que garantizan la transparencia de su gestión económica.

A este respecto, se diferencia entre las actividades que realiza la fundación en cumplimiento de sus fines y las iniciativas de carácter mercantil que pueda llevar a cabo y que estén directamente relacionadas con su objetivo fundacional.

De acuerdo con el reglamento, cualquier entidad de este tipo que se cree en la comunidad autónoma deberá incluir en su denominación la expresión Fundación Andaluza. De igual modo, se fija un procedimiento para que las fundaciones actualmente registradas adapten sus nombres a este requisito.

La norma aprobada hoy por el Consejo de Gobierno prevé la creación del Protectorado de Fundaciones de Andalucía, órgano administrativo de asesoramiento y apoyo técnico que velará por el cumplimiento de la legalidad en la constitución y funcionamiento de estas entidades.

El Protectorado regulará la intervención temporal de una fundación, que se producirá en el caso en que se adviertan graves irregularidades en la gestión económica.

Por otra parte, la tutela sobre las fundaciones, que anteriormente correspondía a distintos departamentos de la Junta dependiendo del ámbito de actividad, será ejercida a partir de ahora por la Consejería de Justicia y Administración Pública, aunque la Consejería de Economía y Hacienda seguirá desarrollando esta función sobre la obra social de las cajas de ahorros.

Finalmente, se recoge la creación del Consejo de Fundaciones de Andalucía, órgano consultivo que dará mayor seguridad jurídica a estas entidades, facilitará el acceso de la ciudadanía a la información referente a las mismas e impulsará la difusión del movimiento fundacional.