La Sección Segunda decide así en contra de lo acordado por el magistrado Manuel García Castellón y estima de manera parcial el recurso de dos de los procesados por entender que el conocimiento “íntegro” de las grabaciones realizadas por la Guardia Civil "es conforme con el derecho a la defensa", que hasta ahora solo han tenido la transcripción que realizaron los propios agentes.

De este modo, Jordi Ros, uno de los recurrentes, tendrá acceso a las grabaciones íntegras, a las resoluciones que permitieron las intervenciones telefónicas, al listado de dispositivos e intervenciones de sus comunicaciones realizadas por la Benemérita, a los registros de su basura o a los seguimientos que se le hicieron y que permitieron reunir pruebas para su detención.

Los procesados pidieron la nulidad del procedimiento por entender que se encontraban en situación de indefensión por el desconocimiento de estos detalles, algunos de los cuales permanecen bajo secreto de sumario en otra investigación que data de 2017 y que fue el origen de esta causa.