Así lo anunció hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó el real decreto ley que recoge estas ayudas.

Las medidas a las que ha dado luz verde el Ejecutivo incluyen también un plan de restauración forestal y medio ambiental para "empezar, de manera inmediata", a rehabilitar bosques y controlar la erosión tras los incendios, así como un nuevo despliegue de la Unidad Militar de Emergencias en los territorios afectados.

Estas ayudas responden a los daños causados por los incendios, que han quemado más de 75.000 hectáreas este verano, extensión que duplica a la calcinada en todo el 2008. Gran parte de los siniestros se produjeron en zonas muy próximas a núcleos urbanos y viviendas en el ámbito rural y, en ocasiones, obligaron a su desalojo y afectaron a importantes vías de comunicación.

Las medidas aprobadas tratarán de paliar también los daños ocasionados en cultivos y cosechas por las "fortísimas tormentas" de los últimos días.

AYUDAS A 11 CCAA

Las ayudas se aplicarán a las personas y bienes afectados por los incendios en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, así como a los afectados por las tormentas en las Comunidades de Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha y Murcia.

El Gobierno, además, podrá declarar la aplicación de las medidas previstas en este real decreto ley a otros incendios o catástrofes de características similares que puedan tener lugar hasta el 1 de noviembre de 2009.

El real decreto al que ha dado luz verde el Ejecutivo contempla ayudas por daños personales, por daños materiales en enseres y las destinadas a establecimientos industriales, mercantiles, agrarios y de servicios, y ayudas excepcionales en materia de vivienda (para alquiler de viviendas si se hubiera producido la destrucción total, así como para la reparación, rehabilitación y reconstrucción de las mismas).

Además, se concederán subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria de las diputaciones provinciales y cabildos insulares, indemnizaciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas, y beneficios fiscales mediante la exención de cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles y del Impuesto de Actividades Económicas para particulares y empresas y reducciones fiscales para actividades agrarias.

Otra de las medidas es la exención de cuotas de la Seguridad Social para industrias y trabajadores que hayan tenido que cesar en su actividad, o la línea preferencial de crédito de 25 millones de euros por parte del Instituto de Crédito Oficial para reposición o reparación de instalaciones y equipos para particulares y empresas.

Para la coordinación de todas estas medidas el real decreto ley crea una comisión en la que participarán las tres vicepresidencias del Gobierno y los ministerios del Interior, Trabajo, Medio Ambiente, Defensa, Fomento, Industria y Vivienda, bajo la coordinación de la Dirección General de Protección Civil.