No obstante, en su participación en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Méndez aseguró que las organizaciones sindicales no estamos dispuestos a que se pretenda aprovechar la crisis económica para hacer un nuevo ajuste" del mercado laboral.

A pesar de esta advertencia, el líder de UGT afirmó que, "en esta semana", los agentes sociales "hemos podido definir un perímetro de contenidos" que permitiría, "con muchas dificultades", lograr una conclusión que pudiera ser satisfactoria para las tres partes".

Méndez señaló que es posible alcanzar este acuerdo "antes de que acabe el mes de julio", sobre todo teniendo en cuenta que el 29 de julio se cumple un año de la firma de la declaración de La Moncloa sobre el diálogo social.

Para el dirigente sindical este acuerdo "deber de aportar contenidos concretos", algo que "es posible" porque la negociación ha podido avanzar fuera de los términos relacionados con la reforma laboral.

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, subrayó también que en las últimas semanas "se ha reactivado un diálogo social que estaba languideciendo", aunque advirtió que "ahora habrá que ver con qué resultados".

Para Toxo, sindicatos, empresarios y Gobierno tienen la "obligación de demostrar que el diálogo social sirve también para una situación de crisis aguda como ésta".

Sin embargo, los líderes sindicales aseguraron que estos acuerdos no supondrán una gran reforma del mercado laboral y que tampoco incluirá cambios en los sistemas de contratación ni en el coste del despido.

En este sentido, Cándido Méndez criticó que "se tiende a reducir a extremos muy estrechos el contenido del diálogo social", hasta el punto que "hablar de diálogo social inmediatamente se asimila a reforma laboral". A su vez, añadió que siempre al "hablar de reforma laboral se supone un recorte de derechos de trabajadores y abaratar el despido", pero "el diálogo social es mucho más que eso".

Para Méndez, abaratar el despido o una nueva forma de contratación como la que defiende CEOE "es agravar la crisis", ya que supondría un componente de pérdida de confianza.

Por el contrario, el dirigente sindical señaló que "lo que hace falta" es proteger a los trabajadores que están en paro, así como "tomar medidas para reactivar la economía y evitar la destrucción de empleo", y garantizar "que no volvamos a caer en la misma situación y en los mismos errores", para lo que es necesario el cambio de modelo productivo.

Esa reclamación de proteger a los parados sin ingresos se corresponde con la propuesta adelantada por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, de crear una renta de inserción ligada a la formación, que ayudará económicamente a los desempleados durante un plazo de seis meses.

Por su parte, Toxo aseguró que, al contrario de lo que defienden las organizaciones empresariales, "no hay rigideces en el mercado laboral español", sino que "hay excesivas facilidades para el despido".

El secretario general de CCOO recordó la alta temporalidad de la economía española, que permite a los empresarios tener un coste de despido nulo simplemente no renovando este tipo de contratos.

En este sentido, el líder sindical abogó por "completar la red de protección pública" con esta nueva renta de protección de los desempleados que ya no tienen ingresos.

Asimismo, subrayó que la economía española "necesita flexibilidad interna frente al despido", algo que se lograría, según Toxo, "incrementando la participación de los sindicatos en los órganos de gobierno de las empresas".