En el citado documento, AI se detiene en el juicio del "caso Lasa-Zabala" celebrado en la Audiencia Nacional y detalla el secuestro, las torturas y el asesinato de los presuntos miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, así como los acusados y las causas por las que se sentaron en el banquillo.

AI recuerda también en s informe que hubo un anterior proceso relacionados con la guerra sucia, el de Segundo Marey, por el que fueron acusados el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera.

Asimismo, la organización dedica un apartado a la ruptura de la tregua por parte de ETA en el que expresa su profunda preocupación por la potencial violación de los derechos humanos por parte de la banda terrorista.

TORTURAS Y MALOS TRATOS

En este sentido, insta al Gobierno espaol a evitar responder a las acciones de ETA con "actos que supongan una violación de las obligaciones de España en el ámbito nacional e internacional, particularmente aquellas que se refieren a la prohibición de las torturas y los malos tratos".

La organización se hace eco también de las denuncias de malos tratos presentadas por algunos presuntos miembros de ETA como Nekane Txapartegi. Según Txapartegi, cuando fue interrogada incomunicadamente la intentaron asfixiar parcialmente con una bolsa de plástco en su cabeza, al tiempo que recibió patadas, puñetazos, sufrió abusos sexuales y golpes en todo su cuerpo.

AI reitera sus peticiones para grabar en vídeo los interrogatorios que se producen de los detenidos incomunicados, para evitar los malos tratos y esclarecer las posibles denuncias falsas. Esta iniciativa ha sido solicitada por la organización al Gobierno español.

También se cita el caso de la carga policial llevada a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía en el campus universitario de Barelona para replegar las protesas realizadas por los estudiantes a una visita del presidente del Gobierno, José María Aznar.

En el apartado titulado "Efectiva impunidad para los oficiales de policía", AI alude a las condenas dictadas contra los funcionarios acusados de malos tratos en las cárceles, como el caso de un policía que agredió al etarra Kepa Urra Guridi. Otro funcionario fue suspendido de empleo y sueldo en Barcelona por las torturas al ciudadano marroquí Driss Zraidi.