Aarrass y El Bay fueron detenidos en Melilla el 1 de abril del año pasado después de que las autoridades marroquíes emitieran tres días antes sendas órdenes internacionales de detención por cargos relacionados con terrorismo, ya que les imputaba de pertenecer a una red terrorista encabezada por el belga-marroquí Abdelkader Belliraj.

AI recordó que las denuncias de tortura y otros malos tratos a presuntos terroristas aumentaron bruscamente en Marruecos tras los atentados con bomba perpetrados en Casablanca en 2003.

Añadió que se emprendieron procesos judiciales contra más de 1.500 personas sospechosas, al parecer cientos de acusados fueron torturados bajo custodia, decenas de ellos fueron condenados con largas penas de prisión y en más de una docena de casos fueron condenados a muerte.

La directora de AI, Eva Suárez-Llanos, explicó que "cualquiera que sea la gravedad de los delitos de los que se les acusa, ninguna persona puede ser enviada a un país donde exista un riesgo real de sufrir graves violaciones de sus derechos humanos".

Suárez-Llanos señaló que España incumplirá el principio de no devolución establecido por el derecho internacional, que prohibe la devolución de una persona a un país donde pueda correr peligro de violaciones de derechos humanos, "si el Gobierno da luz verde a estas extradiciones".

Amnistía recalcó que España ya violó el principio de no devolución el año pasado al extraditar al sirio Basel Ghalyoun en julio y al checheno Murat Gasayev en diciembre.

La Audiencia Nacional resolvió favorablemente las órdenes de extradición de Aarrass y El Bay a finales del año pasado. Superada la fase judicial, corresponde al Ministro de Justicia primero, y finalmente al Consejo de Ministros, la decisión última sobre la devolución de ambos a Marruecos.

AI ha lanzado una acción urgente internacional, a través de la web "www.actuaconamnistia.org", para recoger firmas dirigidas a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y pedir a las autoridades españolas el respeto absoluto del principio de no devolución.