La ratificación del texto inicia hoy su tramitación en el parlamento de Roma, y según AI, "atenta con los derechos humanos y el derecho internacional".

Para Matteo de Bellis, investigador sobre asilo y migraciones de Amnistía Internacional, “con este acuerdo, Italia externaliza la tramitación y la detención de los casos de asilo fuera de sus fronteras nacionales".

En su opinión, supone "otro vergonzoso intento de Italia de eludir el derecho internacional y la legislación de la UE, posiblemente con graves consecuencias para las personas que buscan asilo”.

De Bellis tachó el acuerdo propuesto de "impracticable, perjudicial e ilegítimo", pues supone que "personas en peligro sean sometidas a traslados largos e innecesarios por mar, que pueden desembocar en su detención automática y prolongada, violando el derecho internacional”.

"Entre el Mediterráneo central, donde se producen la mayoría de las travesías y naufragios, y Albania, hay cientos de kilómetros de distancia", subrayó de Bellis. Por ello, "el acuerdo vulnera claramente la obligación de Italia de permitir el desembarco de las personas rescatadas en el mar lo más pronto posible tras su rescate". "También puede debilitar el sistema de búsqueda y salvamento en general", advirtió, lo que "probablemente pondría en peligro la seguridad de las personas que necesitan salvamento marítimo".

A diferencia de otros países europeos que intentaron la externalización —como Reino Unido en su proyecto de ley para un acuerdo con Ruanda—, la jurisdicción en los centros situados en Albania seguiría siendo de Italia.

Amnistía precisó que, aunque esto parece asegurar las garantías procesales y los derechos de asilo con arreglo a las leyes italianas y de la UE, "en realidad el acceso a estas garantías podría verse gravemente obstaculizado". Todas las personas que fueran llevadas a los centros de Albania, incluidas las solicitantes de asilo, "quedarían detenidas automáticamente", resaltó.

A su juicio, "la detención automática es de por sí arbitraria y, por tanto, ilegítima". "Combinado con cambios recientes en la legislación italiana, este acuerdo podría dar lugar a detenciones continuadas de más de 18 meses", y agregó que el acceso a representación y asistencia letrada gratuita para que estas personas impugnaran desde Albania la legalidad de su detención "sería inevitablemente muy difícil".

Según AI, el acuerdo también implica un peligro de "socavar el sistema para la identificación y la protección de niños y niñas, mujeres embarazadas, sobrevivientes de trata y tortura y otros grupos de personas que necesitan atención específica".