Beltrán realizó estas declaraciones ante la comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación del Congreso de los Diputados, donde exigió “una evaluación exhaustiva de la gestión sanitaria de la pandemia” y la publicación de “datos desagregados sobre su impacto” en los colectivos más vulnerables, así como sobre el acceso de estos grupos a la campaña de vacunación.

En su momento, “varias organizaciones (Amnistía, Médicos del Mundo, Sanidad Universal…) indicamos la necesidad de adoptar medidas concretas y a nivel estatal dentro del Plan Nacional de Vacunación para asegurar el acceso de estos grupos vulnerables, que sobre todo en la primera fase de la campaña, encontraban múltiples barreras”, declaró Beltrán.

A su juicio, se sabía que “estas barreras existían, pero no se hizo nada”.

Entre otros puntos, “propusimos identificar de forma proactiva a estas personas; reforzar la información (dirigida a estos grupos); reforzar la coordinación entre los centros de salud y los servicios sociales locales; establecer cortafuegos entre la campaña de vacunación y la Ley de Extranjería, y mantener una información actualizada sobre el proceso”, detalló.

”Creemos que, con el tiempo, las administraciones fueron adoptando medidas”, concedió, pero “su desarrollo ha sido muy desigual, en función de las distintas comunidades autónomas, ha faltado un protocolo centralizado, como le pedimos al Consejo Interterritorial de Salud”.

Según Beltrán, el resultado de la campaña de vacunación en España a nivel general “ha sido un auténtico éxito”, con casi el 92% de la población mayor de 12 años con la pauta completa.

Sin embargo, “nos falta información exhaustiva sobre estos colectivos”, lamentó, “ya que las comunidades autónomas dejaron de informar sobre la población sin tarjeta sanitaria y porque, en los datos de vacunación, no se ofrece información desagregada en este sentido”.

En su opinión, “hace falta garantizar de forma efectiva el derecho universal a la salud para aquellas personas que en la actualidad carecen de tarjeta sanitaria”, como por ejemplo “eliminar toda limitación temporal para acceder a este derecho (los inmigrantes en situación irregular deben acreditar una estancia de al menos 90 días) y ofrecer garantías a las personas que llegan a España mediante una reagrupación familiar”.

Beltrán se refirió a la “oportunidad” que el anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud ofrece en este terreno, e instó al Gobierno y a las Cortes a tramitarlo con celeridad y a incorporar las recomendaciones de las organizaciones especializadas.