Así lo reclamó el director general de AI España, Esteban Beltrán, ante la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación en el Congreso de los Diputados, donde subrayó “la importante inversión de dinero público procedente de la Unión Europea y del Gobierno español” que esta vacuna ha recibido para su desarrollo.

Beltrán instó al Gobierno a liderar esta postura dentro de la Unión Europea, que en su conjunto se opone a la exención de estos derechos y “bloquea las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio”.

A su juicio, España tiene “la oportunidad” de demostrar su compromiso con los países más pobres a través de la vacuna de Hipra, “la empresa española que en estos momentos se encuentra en una fase más adelantada de desarrollo y que ha recibido una muy importante financiación pública”.

Beltrán aplaudió los avances logrados por el laboratorio, y señaló que “cuestiones como la conservación (de la vacuna) entre los 2 y los 8ºC y el gran potencial de producción (600 millones de dosis en 2022 y 1.200 para 2023) podrían representar una oportunidad muy importante en términos de distribución a países con menos recursos".

Por ello, pidió a la empresa catalana impulsar "medidas urgentes e inmediatas para garantizar un suministro equitativo a los países de ingresos medio bajos y bajos, en especial a estos últimos", de cara a lograr el objetivo del 70% de los habitantes de todos los países inmunizados para julio de este año fijado por la OMS.

COMPARTIR LICENCIAS

La presidenta de Médicos del Mundo, María de las Nieves Turienzo, instó también a que las licencias de la vacuna de Hipra y del CSIC se compartan a través de C-Tap, la plataforma impulsada por la Organización Mundial de la Salud para a intercambiar conocimientos y la propiedad intelectual de las vacunas y otros productos contra la covid-19.

"Se deben incorporar condiciones y provisiones de acceso para que las entidades públicas y privadas licencien sus productos a través de acuerdos globales y no exclusivos, a través de C-TAP, compartiendo los derechos de propiedad intelectual, con una compensación razonable a la empresa por su esfuerzo económico”, reclamó.

Esta vacuna ha recibido millones de inversión pública para su investigación y desarrollo, señaló, “pero nada garantiza que cuando empiece a producirse, vaya a llegar a todas las personas que la necesitan dentro y fuera de nuestras fronteras".

Por ello, Turienzo llamó a “reconducir" el debate del "nacionalismo" de las vacunas a una vacunación global, con una agenda que se centre en aumentar la capacidad de producción en todo el mundo y “un reparto justo de las dosis existentes”.