El Consejo de Ministros aprobó el 22 de diciembre de 2006 pedir la extradición de ocho personas, entre ellas Ríos Montt y Mejía Víctores, después de que el Tribunal Constitucional estableciera que la Audiencia Nacional es competente para enjuiciar estos supuestos delitos.

Entre los hechos que investiga la Audiencia Nacional está el asalto a la Embajada española en Guatemala el 31 de enero de 1980, que causó la muerte de 37 personas, entre ellas tres españoles y el padre de la líder indígena Rigoberta Menchú.

AI señaló que las personas presuntamente responsables de crímenes de derecho internacional no han sido extraditadas a España ni sometidas a un proceso judicial independiente e imparcial en Guatemala, como marcan las leyes internacionales.

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico guatemalteca, elaborado en virtud de los acuerdos de paz promovidos por la ONU, se publicó el 25 de febrero de 1999.

Este trabajo concluyó que unas 200.000 personas desaparecieron forzosamente o fueron asesinadas en el conflicto armado de Guatemala (entre 1960 y 1996), y que se perpetraron 669 masacres, la mayoría de ellas en poblados indígenas.

La comisión atestiguó también que el Ejército guatemalteco y sus aliados habían sido responsables de la inmensa mayoría de los abusos y que algunos de esos casos habían constituido genocidio.

AI lamenta que, más de 14 años después, ningún alto mando ni autoridad haya comparecido ante la justicia por su papel a la hora de ordenar, planificar o ejecutar las violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas que tuvieron lugar en Guatemala.