De cualquier forma, Beltrán recordó que la decisión de extraditar a los sospechosos "no corresponde expresamente a Aznar", sino que los procedimientos de extradición tienen que ver con tribunales independientes españoes, "que no pueden enviar y extraditar a una persona a otro país donde existe la pena de muerte o puede ser tratada en tribunales especiales sin ningún tipo de garantía".

"Cuando no existen garantías para la extradición, la investigación se tiene que llevar desde España y ser sometidos a tribunales españoles, donde no existe pena de muerte y existen garantías judiciales", insistió.

Por ello, AI espera que Aznar defienda que las personas deben ser juzgadas, pero que en ningún caso pueden correr elriesgo de ser sometidas a pena de muerte y a ser juzgadas en tribunales militares injustos.

TRIBUNALES MILITARES

El director de AI en España recordó que el presidente Bush aprobó el pasado 13 de noviembre una orden que permite que ciudadanos no estadounidenses sospechosos de estar involucrados en terrorismo internacional puedan ser juzgados por tribunales militares.

"Nuestra preocupación en relación con los ocho detenidos en España es que, si son extraditados, Estados Unidos los entregue a un tibunal militar especial", que, según explicó, operan en secreto, puede dictar sentencias de muerte y además sus decisiones no pueden ser apeladas en ningún otro tribunal.

"Estamos hablando de principios fundamentales de derechos humanos que son violados con estos tribunales especiales", advirtió, "y estamos hablando de que hay al menos 360 sospechosos a los que se les relaciona con Al Qaeda y que han sido arrestados en 50 países".

Por otra parte, Beltrán anunció que Amnistía Internacional ha inicado una acción urgente sobre el Gobierno de los Estados Unidos, mediante cartas dirigidas al presidente Bush, en las que se pide que cualquier persona bajo custodia en Estados Unidos sea llevada ante los tribunales federales normales.

Esa acción urgente también reclama que la orden del 13 de noviembre sea revocada, "porque viola principios fundamentales de justicia".

"Para nosotros, lo importante es que las más de cien personas que han sido detenidas en varios países de América Latina y Europa acsadas de delitos relacionados con el 11 de septiembre, por un lado, comparezcan ante la justicia para saber si son culpables o no, pero, por otro lado, que como cualquier otra persona tengan derecho a todas las garantías judiciales", concluyó Beltrán.