"Esperamos que el presidente Aznar mantengaeste mensaje en su entrevista con Bush", subrayó Beltrán en declaraciones a Servimedia. No obstante, recordó que la decisión de extraditar a los sospechosos "no corresponde expresamente a Aznar", sino que los procedimientos de extradición tienen que ver con tribunales independientes españoles, "que no pueden enviar y extraditar a una persona a otro país donde existe la pena de muerte o puede ser tratado en tribunales especiales sin ningún tipo de garantía".

"Cuando no existen garantías para la extradiión, la investigación se tiene que llevar desde España y ser sometidos a tribunales españoles, donde no existe pena de muerte y existen garantías judiciales", insistió.

Por todo ello, añadió, lo que esperamos es que Aznar diga que las personas deben ser juzgadas pero que en ningún caso pueden correr el riesgo de ser sometidas a pena de muerte y a ser juzgadas en tribunales militares injustos.

TRIBUNALES MILITARES

El director de AI en España explicó cómo el presidente americano aprobó el pasado3 de noviembre una orden militar que permite que ciudadanos que no son de Estados Unidos y pueden ser sospechosos de estar involucrados en "terrorismo internacional" pueden ser llevados a tribunales militares.

"Nuestra preocupación en relación con los ocho detenidos en España es que, si son extraditados, Estados Unidos los entregue a un tribunal militar especial" que, según explicó, operan en secreto, puede dictar sentencias de muerte y además sus decisiones no pueden ser apeladas en ningún otro tribual.

"Estamos hablando de principios fundamentales de derechos humanos que son violados con estos tribunales especiales", advirtió, "y estamos hablando de que hay al menos 360 sospechosos a los que se les relaciona con Al Qaeda y que han sido arrestados en 50 países".

Por otra parte, Beltrán anunció que Amnistía Internacional ha iniciado una acción urgente sobre el Gobierno de los Estados Unidos mediante cartas dirigidas al presidente Bush donde se pide que cualquier persona bajo custodia en Estads Unidos sea llevada ante los tribunales federales normales en los que se mantengan los estándares internacionales de derechos humanos y en los que no haya un recurso a la pena de muerte.

Esa acción urgente también reclama que la orden militar del 13 de noviembre sea revocada, "porque viola principios fundamentales de justicia".

"Para nosotros, lo importante es que las más de cien personas que se han detenido en varios países de América Latina y Europa acusadas de delitos relacionados con el 11 d septiembre, por un lado, comparezcan ante la justicia para saber si son culpables o no, pero, por otro lado, que como cualquier otra persona, tengan derecho a todas las garantías judiciales", concluyó Beltrán.