En opinión de AI, la aprobación o rechazo del proyecto será una prueba muy significativa de la realidad del compromiso de los gobiernos americanos para erradicar de una vez por todas las desapariciones de detenidos por fuerzas de seguridad, "un crimen de 'lesa humanidad' que sigue sucediendo en diferentes aíses del continente con frecuencia".

Asimismo, Amnistía considera que la aceptación de ese proyecto convertiría a América en el primer continente que adopta un instrumento vinculante para la erradicación y la prevención de la desaparición forzada.

El proyecto de convención señala que la eximente de obediencia debida está expresamente excluída al igual que la justicia militar para juzgar a los responsables de esos hechos. Además, tampoco se admitirán "privilegios, inmunidades ni dispensas especiaes" en los procesos.

Además, entre los puntos destacables del proyecto figura el que los estados asuman la obligación de "tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole" para erradicar las desapariciones.

CRIMEN DE EXTREMA GRAVEDAD

Asimismo, establece que la sanción penal de la desaparición forzada deberá tener en cuenta la "extrema gravedad" del crimen y éste será considerado como un "delito continuado o permanente mientras no se establezca el detino o paradero de la víctima".

También fija que la desaparición no será un delito político a los efectos de extradición, la acción penal y la condena no estarán sujetas a prescripción, sólo podrá recluirse a las personas en los lugares de detención oficialmente reconocidos y que los estados deberán cooperar en la búsqueda, identificación, localización y restitución de menores desaparecidos y trasladado a otros países.

AI lleva trabajando desde hace varios años sobre el fenómeno de las desaparicines forzadas, que llegó a ser generalizado en América en épocas anteriores y continúa siendo motivo de honda preocupación en algunos países de la región.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas registró entre 1990 y 1993 más de 800 casos de desaparición en la región americana, aunque según AI esa cifra no revela toda la dimensión del fenómeno.