En un informe titulado "Turquía: Justicia retrasada y negada", Amnistía apunta la existencia en este país de casos en los que "se siguen violando los principios que regulan los juicios con garantías", en los que personas acusadas formalmente por la legislación antiterrorista "siguen sometidas a procesos interminables".

Por esta razón, Amnistía Internacional exigió a las autoridades de este país que "pongan fin a la reclusión preventiva prolongada y a los procedimientos penales dilatados en el tiempo, así como a todo uso ante los tribunales de pruebas obtenidas mediante tortura".

Según explica esta ONG, las personas acusadas formalmente en virtud de la legislación antiterrorista son juzgadas por los Tribunales Penales especiales, que sustituyeron a los Tribunales de Seguridad del Estado en junio de 2004, pero "continúa la misma constante de procedimientos judiciales sin las debidas garantías".