El documento se refiere a los acuerdos alcanzados por dicho consorcio con los gobiernos de los dos países africanos, en relación a un oleoducto para el transporte del crudo extraído en los pozos de la localidad chadiana de Doba hasta la ciudad de Kribi, en la costa atlántica de Camerún.

Estos acuerdos exigirían a ambos países dar prioridad a los intereses de las compañías sobre los derechos de los habitantes de las zonas cercanas al oleoducto y a los pozos petrolíferos. Además, advierte de que el incumplimiento de esta cláusula podría acarrerar sanciones financieras.

La explotación de ambas infraestructuras ya ha dado lugar a conductas abusivas en Chad, según la ONG, como la expropiación de sus tierras sin ninguna compensación a granjeros pobres de la región de Doba, o el bloqueo del acceso a los únicos pozos de agua potable.

Amnistía reivindica la derogación de estos acuerdos para poner fin a esta situación, que sienta un peligroso precedente para otros países.

Un portavoz de ExxonMobil ha salido al paso de estas acusaciones, alegando que la empresa destinará una parte de los beneficios de esta explotación a proyectos para el desarrollo en Chad.