Lo hizo a través de un comunicado en el que consideró que la norma cuenta con aspectos positivos, como la contención de los precios de los alquileres, el incremento del plazo para la suspensión de desalojos o la protección e incremento del parque público de vivienda, pero “sigue sin dar respuesta a algunas cuestiones esenciales para el cumplimiento” del artículo 47 de la Constitución.

En ese sentido, la investigadora de AI Marta Mendiola observó que “el Estado tiene la competencia de regular las condiciones básicas” para garantizar el derecho a la vivienda y conminó a incluir “un régimen sancionador para que se respeten las obligaciones en materia de control de precios, la prohibición de desalojos para personas que por su situación de vulnerabilidad no cuenten con alternativa para acceder a otra vivienda, o la adopción de unos porcentajes mínimos anuales para que las comunidades autónomas incrementen el parque de vivienda social y se vincule la financiación al cumplimiento de los mismos”.

Por ello, solicitó que el Senado incorpore estas mejoras en la ley, reconociendo el derecho a la vivienda como un “derecho subjetivo” y estableciendo un régimen sancionador y de rendición de cuentas cuando la norma se incumpla.