AI ha elaborado una lista de once áreas cruciales que, a su juicio, deberían ser objeto de estudio urgente por esta comisión. Entre ellas, destaca la provisión de asistencia letrada, ya que considera que la representación de los acusados pobres es inadecuada, al encargarse a abogados sin formación sobre la legislación en materia de pena de muerte.

Igualmente, subraya la aplicación de esta pena alos delincuentes juveniles, ya que EEUU es uno de los siete únicos países del mundo que han ejecutado durante los últimos cinco años a condenados por delitos que habían cometido siendo menores de 18 años.

Los riesgos de ejecución de inocentes también es otro punto propuesto, ya que en marzo de 1993 fue liberado Walter McMillan, tras pasar seis años en espera de ejecución por un crimen que no había cometido. AI mantiene que otros inocentes han terminado en la silla eléctrica. También propone discutir l conmutación de una sentencia de muerte por razones humanitarias o de otra índole.

La carta de AI subraya que uno de los aspectos más sorprendentes de la aplicación de la pena de muerte es su racismo inherente, ya que el 40 por ciento de los reos de muerte son negros, a pesar de que éstos constituyen sólo el 12 por ciento de la población.

Indica también que el 84 por ciento de los presos ejecutados desde 1977 fueron condenados por el asesinato de víctimas blancas, aunque el número de asesinatos d negros y de blancos es aproximadamente el mismo.

Respecto al trato que dispensa el sistema americano a presos mentalmente perturbados o deficientes, AI informa que se han ejecutado a más de 50 desde 1982.

Otras razones que aduce AI para que EEUU abandone la pena de muerte es su coste económico, ya que cada ejecución cuesta entre dos y tres millones de dólares, más del triple de lo que cuesta mantener a un preso entre rejas durante 40 años. En la actualidad, hay más de 2.700 reos de muerte condendos en este país. En 1993 fueron ejecutadas 38 personas.