El director de AI en España, Esteban Beltrán, aseguró en rueda de prensa que "España debe garantizar una investigación judicial efectiva sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo".

En este sentido, Beltrán subrayó que "en España hay más víctimas de desapariciones forzadas, documentadas con nombres y apellidos, que en los últimos 40 años en toda Latinoamérica".

Por ello, el director de AI recalcó que España debe poner fin a esta situación prolongada de injusticia y reparar el daño a las víctimas de los crímenes del pasado.

Por su parte, la responsable de Investigación de AI, Giulia Tamayo, reprochó al Ministerio Fiscal que haya apelado a la Ley de Amnistía de 1997 y a la prescripción de los delitos para frenar la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes cometidos en la contienda nacional del 36 y el régimen franquista.

Tamayo explicó que esa actuación del Ministerio Fiscal establece "mecanismos de impunidad incompatibles con la legalidad internacional respecto de crímenes contra la humanidad".

Además, esta responsable de AI que no investigar estos crímenes del pasado supone vulnerar cuatro derechos de las víctimas: igualdad, justicia, libertad de conciencia y culto y familia.

Finalmente, Hernando Valencia, doctor en Derecho y ex secretario adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que "la postura de la Fiscalía es tan extravagante, que ignora que desde hace más de 250 años en la tradición constitucionalista, se considera que hay crímenes imprescriptibles", como los cometidos contra la Humanidad.

Valencia concluyó que España no puede seguir "renuente y remisa" frente a disposiciones internacionales legales y debe esclarecer los crímenes de su pasado histórico.