AMNISTIA EXIGE AL GOBIERNO QUE LA CONSTITUCION PROHIBA LA PENA DE MUERTE INCLUSO EN TIEMPO DE GUERRA
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El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, pidió hoy al Gobierno una reforma de la Constitución para que la pena de muerte quede prohibida sin la excepción que todavía contienen el texto de la Carta Magna para tiempos de guerra.
Beltrán dijo a Servimedia que, aunque la pena de muerte está abolida en España en las leyes civiles y militares, el texto de la Constitución sigue diciendo, textualmente, en su artículo 15 que "queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra".
Aunque con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución, la pena de muerte fue eliminada de las leyes militares, el responsable de AI advirtió de que la pena capital no "queda expresamente prohibida" para tiempos de guerra, por lo que bastaría un simple cambio de ley para reintroducirla.
"Las autoridades españolas y los partidos políticos, ya que van a reformar la Constitución, deberían imponer de forma completa que no haya ninguna posibilidad de que se aplique nunca la pena de muerte en España", insistió Beltrán.
PUNTOS DEBILES
Aunque el responsable español de AI aseguró que el avance en materia de derechos fundamentales ha sido "muy claro" desde que volvió la democracia a España, continúan existiendo violaciones de estos derechos, dijo.
Citó el terrorismo de ETA y masacres como el 11-M, que definió como crimen contra la humanidad, pero también indicó que las autoridades españolas siguen permitiendo "malos tratos y detenciones ilegales" de inmigrantes, lo que para Amnistía constituye una gran "preocupación".
Beltrán explicó que su organización ha documentado, en los últimos años, decenas y decenas de casos de inmigrantes detenidos ilegalmente por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por último, el responsable de AI denunció que ni el Gobierno anterior, ni el actual, respetan las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de tortura.
Puso como ejemplo que el Ejecutivo no ha ordenado la instalación de cámaras bajo control judicial en los centros de detención, y no ha acortado el régimen de incomunicación de los detenidos sin acceso a abogado y a forense de su elección.
(SERVIMEDIA)
06 Dic 2005
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