El director de la Sección Española de Amnistía declaró que "no debe haber impunidad para los responsables que atacaron deliberadamente la canoa y huyeron sin prestar auxilio. Deben investigarse los vínculos entre los paramilitares y las Fuerzas de Seguridad de Colombia, que nuestra organización ha venido denunciando desde hace muchos años. Si elGobierno de Colombia quiere tener credibilidad ante la comunidad internacional y sus propios ciudadanos, debe desmantelar los grupos paramilitares y llevar a los responsables de violación de los derechos humanos ante la justicia".

AI considera que el Gobierno español, por su parte, debe exigir a las autoridades de Colombia una investigación a fondo sobre estas muertes y que se hagan públicos los resultados de la misma. Además, exige al Gobierno de Colombia que garantice que las diversas organizacionesde derechos humanos, de cooperación y de ayuda humanitaria puedan trabajar en condiciones de seguridad y que los desplazados internos puedan regresar a sus lugares de origen.

Los casos de Iñigo Eguiluz y Jorge Luis Mazo se añaden a los más de 20 defensores de derechos humanos que en los últimos tres años han muerto víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte de grupos paramilitares en Colombia. La mayor parte de estas muertes han quedado en la impunidad.

Según Amnistía, los defensors de los derechos humanos en Colombia son víctimas de amenazas y hostigamientos continuos por su labor de investigación y documentación de violaciones y abusos, en relación con el conflicto armado que ha dejado miles de víctimas y decenas de miles de desplazados internos. Varios de estos defensores de derechos humanos han tenido que abandonar el país para no ser asesinados.