En un informe, AI documenta los obstáculos que encuentran las personas que huyen de la persecución de sus propios países en el momento en que entran en Turquía.

Amnistía aseguró que Turquía es el único Estado signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que no reconoce a los ciudadanos de países no pertenecientes al Consejo de Europa, motivo por el cual niega protección internacional a un número creciente de personas.

Según Amnistía, los solicitantes de asilo en Turquía sufren graves restricciones de acceso a la salud, a una vivienda adecuada y al trabajo, lo que constituye una violación de las obligaciones contraídas por el país en virtud del derecho internacional.

Los casos expuestos en el informe de AI demuestran la falta de respeto del derecho internacional por parte del Gobierno, que insiste en devolver a personas a países donde están expuestas a sufrir graves abusos contra los derechos humanos.

Además, afirma que es frecuente que los solicitantes de asilo estén recluidos durante largos periodos en duras condiciones, sin alimentos suficientes ni una justificación clara de su detención, y pueden ser expulsados sin el debido procedimiento jurídico y devueltos a países donde están expuestos a perder la vida.

Por ello, Amnistía Internacional pidió a las autoridades turcas que elaboren las leyes necesarias para aplicar un procedimiento interno de asilo justo y para garantizar la protección internacional a las personas que la necesiten.