En una nueva investigación publicada hoy, AI documenta los casos de "personas migrantes detenidas, en muchas ocasiones tras controles policiales racistas, que son enviadas a los CIEs en medio de un clima de falta de datos y opacidad". A su juicio, "algunas de estas detenciones podrían considerarse arbitrarias", por no cumplir "los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad".

Por ello, instó a España a "reformar las leyes de extranjería, para que el internamiento de personas por motivos migratorios sea una medida de último recurso, de seguridad ciudadana, a fin de prohibir expresamente las redadas por perfil racial".

OPACIDAD

Cada año, alrededor de 100.000 personas son detenidas en Europa por motivos relacionados con la migración, apuntó AI. Son casi la mitad de las que llegan, pues la Organización Internacional para las Migraciones estimó que en 2022, 213.896 personas migrantes entraron en Europa, agregó.

Según Amnistía, "nuestro país no aplica, ni en la legislación ni en la práctica, las salvaguardas suficientes para impedir que se produzcan detenciones arbitrarias de personas migrantes".

La ausencia de datos públicos sobre cuántas personas, de las internadas en los CIE, son finalmente expulsadas, "contribuye a la opacidad existente", y subrayó que "la medida de internamiento solo puede estar justificada si finalmente se va a ejecutar la expulsión de las personas migrantes", agregó.

“La libertad incondicional debe ser siempre el punto de partida”, defendió el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán. Sin embargo, "vemos que España prefiere usar la excusa del control migratorio para tratar a las personas migrantes como criminales”.

FALLOS EN CADENA

En su informe, Amnistía denuncia que existen cuatro fallos encadenados que hacen que la decisión sobre la privación de libertad "no siempre se estudie de manera adecuada e individual, caso por caso".

En primer lugar, criticó "el automatismo para el internamiento". La organización señala que cuando la policía, tras la detención de la persona en situación administrativa irregular, solicita su internamiento en un CIE, los jueces de instrucción suelen autorizar el internamiento siguiendo principalmente el criterio policial, sin valorar otro tipo de alternativas.

Amnistía llamó la atención también sobre "la insuficiente motivación de los autos de internamiento", y apuntó que "todas las personas entrevistadas señalaron que los jueces encargados no profundizaban suficientemente en el caso individual, sino que muchas veces utilizaban argumentación estereotipada".

"Los autos contienen escasa motivación de las causas que justifican el internamiento", relató Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional. Según la organización, "la insuficiente formación" sobre migración por parte de las personas encargadas del internamiento y "la mala coordinación entre los distintos operadores jurídicos que intervienen en la privación de libertad en un CIE" son "otras causas" que explican "ese automatismo".

Por último, apuntó que "la falta de una asistencia letrada de calidad en los procedimientos suele conllevar que la persona migrante se vea envuelta en un laberinto de procedimientos y papeleos de los que no es debidamente informada". De nuevo, esto conduce "al automatismo a la hora de valorar la privación de libertad", argumentó.

UN EJEMPLO

El caso de Brian Daniel refleja estos fallos, según AI. Fue detenido y posteriormente internado en el CIE de Algeciras en 2023 durante un mes, hasta que finalmente fue expulsado del país. Llevaba años viviendo en España, junto a sus padres y tres hermanos, que todavía viven y trabajan en este país. Habían migrado desde Argentina, y Brian estaba a punto de regularizar su situación.

Incluso sus sobrinos habían nacido en España. el auto para su internamiento dictado por el juzgado número 5 de Algeciras consta de tres páginas y carece de cualquier valoración sobre la situación personal de Brian y su arraigo en el país.

Su madre, Elisa, relata la ansiedad con la que vivió su internamiento y repentina deportación. "Le trataron como si fuera un delincuente. Un mes sin poder darle un beso, sin poder tocarle. El director del CIE le engañó, le dijo que si se portaba bien no le deportarían, pero luego se lo llevaron a Madrid y le deportaron, así sin avisar. Estoy con mucha angustia porque él está allí solo, con un familiar mío lejano”, declaró.